El pasado jueves el gobierno anunció a través del Ministerio de Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta Carmen Calvo, un plan contra la desinformación y las denominadas “fake news”, según el Boletín Oficial del Estado para frenar “la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos".

 

Pero ¿qué son las fake news y la desinformación?

 

En esencia, las fake news son noticias falsas o sesgadas que contienen datos incorrectos o medias verdades que buscan influir en la opinión de la sociedad como colectivo, de forma que contribuyan o ayuden a cumplir el objetivo de quien las ha difundido. Es decir, en vez de informar, buscan desinformar.

 

No es ningún un secreto que el auge de las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto un incremento sin precedentes de las campañas de desinformación y noticias falsas. Dada la velocidad a la que circula la información en la red global.

 

Por esta razón, el gobierno ha creado una estructura para analizar la información publicada en los distintos medios de comunicación y redes sociales. Y si la información supone una amenaza para el interés público, combatirla mediante campañas de contrainformación.

 

Una eventual fiscalización o monitorización de la información de los medios de comunicación, atentaría contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Derechos consagrados en el artículo 20 de nuestra Constitución, en concreto:

 

“A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”

 

“A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

 

Además, “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información por resolución judicial.

 

Estos derechos y libertades únicamente tienen su límite en el respeto al resto de derechos fundamentales establecidos, y especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

 

La cuestión no es baladí, la libertad de expresión e información supone una garantía de pluralidad y control de las instituciones democráticas. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados de cuanto les rodea y les incumbe.

 

En este sentido, ¿no sería mejor la creación de un plan alternativo de educación de la ciudadanía para combatir las fake news?, puesto que cuantas más herramientas y conocimientos tengan los ciudadanos en mejor disposición estarán de valorar lo que es una noticia falsa de la que no lo es.

 

Sin embargo, esta opción choca frontalmente con la reforma de la educación que se pretende llevar a cabo –la conocida como Ley Celaá-, y que permite superar los cursos de ESO y Bachillerato con alguna asignatura suspensa.

 

Parece que prefieren decirnos lo que es verdad, en vez de darnos las herramientas para discernir por nosotros mismos lo que es cierto de lo que no lo es.

 

¿No será mejor enseñar a la sociedad a pensar, que decirles lo que tienen que pensar? ¿Nos podemos empezar a preocupar ya? ¿o todavía no? Juzguen ustedes mismos.