El pasado lunes 22 se publicaba en Tribuna de Salamanca una entrevista-reportaje sobre la situación de las emergencias sanitarias de Castilla y León. Para ello contaban como entrevistado con Carlos Martín Marcos, médico del soporte Vital Avanzado (SVA) de Salamanca, quien exponía los problemas del servicio público de emergencias en calidad de presidente de ASECYL (Asociación de Sanitarios de Emergencias de CyL). Esta entidad fue creada para, teóricamente, la defensa del personal de emergencias sanitarias sin caer en los intereses particulares de los sindicatos segregados por profesiones.

Dicha entrevista tuvo un buen inicio donde explicaba los recursos materiales de los que se disponen para las intervenciones y el trabajo habitual durante una guardia. Luego continuó explicando algunos problemas reales, y con buen uso de los recursos literarios, hacía algunas exageraciones que daban sensacionalismo. Básicamente porque algunas afirmaciones no son del todo correctas y otras distan de la realidad que él mismo plantea en otro párrafo del reportaje, contradiciéndose parcialmente.

Lo más llamativo llegaba al final de la entrevista, porque terminaba el reportaje atacando directamente a las unidades de SVA que no cuentan con un médico a bordo. Estas ambulancias funcionan en otras comunidades autónomas desde hace años, siendo la pionera Cataluña de cara a las olimpiadas del 92. Este ataque despunta, entre otras cosas, por ser el pilar fundamental del sindicato médico CESM y algunos colegios profesionales médicos, justo de los que, supuestamente, quería apartarse la asociación con su defensa también de las enfermeras. Todos ellos piden que se modifique el RD 836/2012 que las contempla para que no puedan existir. De hecho, directamente exponen que es mejor que no exista una ambulancia a que esta lleve enfermera sin médico.

Y es precisamente de este último párrafo del que se debe reflexionar sobre la credibilidad de unas infames declaraciones, sin contenido alguno y altamente falaces. Por delante va que yo respeto la opinión de cualquier persona siempre y cuando mantenga un argumento. Incluso puedo respetar la opinión que tiene dicho médico sobre las enfermeras de estas ambulancias y los médicos del Centro Coordinador que son el apoyo necesario para su funcionamiento. Es más, en un debate, podría llegar a compartir alguna opinión con él. Sin embargo, no es ético hablar como presidente de una asociación "independiente e integradora" y dedicarse a denigrar a tus compañeros con los tópicos de quienes querías dejar a un lado.

Una vez conocida la publicación de Tribuna de Salamanca, el personal de emergencias ha mostrado su rechazo a este punto de vista retrógrado, clasista, malintencionado y con errores. Retrógrado y clasista porque infravalora a todo el que no sea médico de ambulancia, como si por serlo adjudicasen una medalla. Malintencionado porque aprovecha un reportaje sobre los conflictos laborales en emergencias para manipular la información a sus intereses particulares. Y con errores porque cae en tópicos y coloquialismos como usas el término UVI Móvil para destacarse a sí mismo, cuando no es el nombre oficial del recurso, sino SVA.

Como no podía ser de otra manera, le apoyan algunos médicos y, sorpresivamente, enfermeras, quienes le siguen en sus "loables" actuaciones incluso cuando salen perjudicados. Porque como resultado de sus protestas, han empeorado algunas condiciones laborales.  Pero también, como no podía ser de otra forma, existen muchos otros profesionales que han sido contundentes ante esas declaraciones fuera de lugar. Y por supuesto, no solo han sido las enfermeras sino también varios médicos.

Entre la incredulidad, están quienes afirman que mal médico debe ser si siente su profesión atacada por una enfermera. También, quien alega que si se va a valorar la capacidad del profesional de enfermería entonces también debería ponerse en entredicho la de los médicos con la prueba de competencias pertinente. Lo que queda claro es que ha aprovechado la entrevista a ASECYL para sí mismo, usando el cinismo de la seguridad del paciente para tratar de ganarse a la población que desconozca el sistema de emergencias.

Estas declaraciones no han sido un error dado que no es la primera reivindicación orientada al ego. Por ejemplo, ASECYL solicitaba que se rotulase bien qué tipo de vehículo asistencial era cada uno para que la población supiera si había médico o no. Pero resulta llamativo porque, si fuesen públicos los datos, podríamos ver cuántas veces un SVA solicita que el traslado lo realice un recurso con menor dotación o cuántas veces son los médicos quienes discuten sobre el aviso porque no quieren ir comparado con los recursos donde no están. Y si el traslado lo va a hacer un recurso inferior entonces de poco sirve la medalla de mostrarse en un rótulo. También es llamativo que los técnicos de emergencias pertenecen a una empresa privada y en esta entrevista no se cita en ningún caso que esto pueda perjudicar al correcto servicio o al paciente.

Entre las curiosidades del artículo hay una foto de los collarines cervicales, plegados y colgados en las barandillas de la ambulancia. Salta a la vista porque un collarín debe ir extendido en su funda, nunca cerrado y colgado. Primero porque se deforma y pierde efectividad en su uso. Segundo porque tenerlo colgado garantiza que se acumule suciedad que vas a aplicar al paciente. Y esto es discordante con su preocupación por la seguridad asistencial de la ciudadanía. Encontrarlo así en su ambulancia mientras él cuestiona las capacidades de sus compañeras, plantea serias dudas en su supuesta argumentación.

Por mi parte y probablemente en concordancia con este médico, evidentemente se ha hecho mal en incorporar a las ambulancias a enfermeras sin formación ni experiencia en emergencias, máxime cuando se trata de las ambulancias que no tienen médico presente. Y debería exigirse formación específica como en otras comunidades. Pero entonces, también habría que exigirla a los médicos y, justo ahí, sería donde flaquearía la idea. Como yo mismo propuse, se debe hacer una prueba de competencias, tener formación obligatoria y pasar pruebas físicas, pero a todos, no solo a la mitad del personal a quien consideran inferior.