De frente y por derecho

Por Iluminado Prieto

La cuestión prejudicial del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. IV. Alcance

El texto del artículo 267^[1] del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la competencia de pronunciarse con carácter prejudicial tanto con relación a la interpretación de los Tratados[2], de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea, así como sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Aproximación al concepto de acto: el ordenamiento jurídico de la Unión denomina "actos" tanto a (i) normas y disposiciones de carácter general -art. 288 TFUE: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes-, el derecho derivado, como a (ii) los actos de aplicación o de actuaciones concretas en el ejercicio de las competencias atribuidas a esas instituciones, a esos órganos y a esos organismos. Simplificando: actos como normas jurídicas de las instituciones y, actos como actuaciones administrativas tanto de las instituciones como de los órganos y organismos de la Unión.

A continuación, y no al final del texto, se aporta la relación de instituciones, órganos y organismos de la Unión; la página web de la Unión Europea recoge setenta y siete.

Decir, leer, setenta y siete, es fácil; leer las setenta y siete denominaciones, no lo es. Y si pensamos que esas instituciones, órgano y organismos, tienen, a través de la Unión, capacidad jurídica en cada Estado miembro, artículo 335 TFUE, que pueden adquirir, enajenar, bienes muebles e inmuebles, que pueden comparecer en juicio, nos acercamos a cierta complejidad.

A continuación se enumeran esas instituciones, órganos y organismos; se pretende suscitar en el ánimo del lector un atisbo sobre la complejidad de la Unión, de sus actos "legislativos" y de sus actos de "aplicación"; un atisbo de la dificultad de la cuestión prejudicial; la interpretación de los Tratados, el de la Unión y el de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como de la normativa que emana de siete instituciones: el Parlamento Europeo; el Consejo Europeo; el Consejo; la Comisión Europea; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el Banco Central Europeo y; el Tribunal de Cuentas; y la validez de la normativa de esas siete instituciones y de los actos de los setenta órganos y organismos restantes. La lectura de la relación siguiente, sin duda es tediosa; pero sin duda también, provechosa. Nos encontramos con órganos u organismos que suenan, Fiscalía Europea, Frontex (fronteras), Europol (policía); también con algunos absolutamente desconocidos. Pero..., pero todos ellos en sus actuaciones, directa o indirectamente, pueden afectarnos.

Pues bien, ante un órgano jurisdiccional (algo más y distinto a un órgano judicial al uso) se dirime entre partes un asunto; este, puede tratar sobre un acto de una institución, un órgano o un organismo de la Unión, o bien, puede tratar sobre una norma nacional susceptible de ser considerada incompatible con el Derecho de la Unión, y por tanto inaplicable para resolver el litigio; o bien cabe aplicar una norma del Derecho de la Unión cuya interpretación es dudosa.

En estos supuestos puede caber una duda jurídica, esta duda la pueden suscitar las partes al órgano jurisdiccional, o bien, si las partes no suscitan la duda, esta le puede surgir al propio órgano; entonces, en unos casos como facultad, en otros como obligación, él órgano jurisdiccional plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien, si la admite, dará una al órgano que se la remitió una respuesta sobre la validez del acto en cuestión, o una interpretación de la norma; y el órgano remitente, atendiendo a la respuesta recibida, bien sobre la validez o invalidez del acto de la institución, órgano u organismo de la Unión, bien sobre la interpretación solicitada de la norma, y en su caso, aplicará la norma de conformidad con la respuesta recibida, en aras de una interpretación uniforme para toda la Unión.

El carácter prejudicial supone la existencia de un litigio contencioso entre partes y en un Estado miembro de la Unión, en el cual, el órgano ha de aplicar en la resolución del litigio el Derecho de la Unión. Cabe la cuestión cuando en el litigio las partes son nacionales de Estados miembros distintos, o bien, cuando una parte es nacional de un Estado miembro y la otra no, en este supuesto, siempre y cuando el órgano jurisdiccional pertenezca a un Estado miembro y haya de aplicarse en la resolución del litigio Derecho de la Unión.

Hay dos tipos de cuestiones prejudiciales, unas, de interpretación, tanto de los Tratados (derecho originario) como de los actos normativos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión (derecho derivado); otras, de validez, de los actos de aplicación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. De interpretación del Derecho de la Unión, originario y derivado, de validez de los actos de aplicación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión (atendiendo a la Web de la Unión Europea setenta y siete entidades).

Si la interpretación de normas y la validez del acto conforman el alcance de la cuestión prejudicial, su cabal comprensión conlleva tener en cuenta otros conceptos jurídicos, como el de órgano jurisdiccional, como el de primacía del derecho de la Unión, etc...