La Guardia Civil ha investigado a siete tratantes de ganado como presuntos autores de los delitos de estafa y falsedad documental por su participación en la comercialización irregular de caballos destinados a carne para el consumo humano.

Los hechos fueron investigados entre los pasados meses de marzo y mayo, a raíz de la inspección llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado a mataderos ubicados en la provincia de Burgos.

Dichas inspecciones, según ha informado la Benemérita, buscaban prevenir y erradicar el comercio ilícito de carne equina no apta para el consumo humano y su introducción en la cadena alimentaria mediante la falsificación documental.

Fruto de la información facilitada por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León asignados a las empresas, en relación a casos "extraños" relacionados con el sacrificio de ganado caballar, llamaba la atención varios episodios detectados en dos complejos cárnicos de la capital y provincia.

Así, se hallaron "llamativas irregularidades" en la documentación que acompañaba a ejemplares de equinos destinados al sacrificio, procedentes de tratantes de las provincias de La Coruña, Badajoz, Cantabria, Huelva, La Rioja, Lugo y Burgos, que sacrificaban sus animales en esta última.

30 ejemplares decomisados

Casos como la discordancia en la edad de los animales presentados -adultos de diez años que pretendían suplantar a potros de un año-, reseñas físicas que "en nada se parecían al ejemplar presentado", caballos con dos microchips implantados y "fehacientes manipulaciones en los pasaportes", hasta un total de 30 ejemplares cuyas canales fueron decomisadas, retiradas de la cadena alimentaria y destinadas finalmente para su tratamiento como subproductos de origen animal no destinado a consumo humano.

No obstante, nueve de ellos fueron identificados como 'no aptos' para el consumo humano según las bases de datos. Localizados los presuntos autores en estas provincias han sido investigados, instruyéndose diligencias que han sido presentadas en los Juzgados y Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos.

En los últimos años, el Seprona ha culminado operaciones relacionadas con su comercio en las que se ha puesto de manifiesto el intento de desvío de ejemplares no aptos para consumo humano a la cadena alimentaria, mediante la falsificación de la documentación que los ampara.