"A mí no me corresponde realizar la decisión ni la inversión porque el riesgo lo asume la empresa", afirmó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en alusión a si le parece rentable la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), ante la presentación de una proposición no de ley por parte del grupo parlamentario Vox quien insta a la Junta a que encargue un estudio técnico al Gobierno que valore la reapertura de la planta atómica.

"Tienen que ser los promotores", afirmó, al tiempo que destacó que "son decisiones que tienen que valorar los que invierten y los que arriesgan" y, por tanto, "quien tiene que examinar la rentabilidad de los proyectos son las empresas". "Son las que tienen que tomar esas decisiones y en la medida en que tomen estas decisiones y hagan propuestas, la misión de la Administración Pública es estar ahí y dar trámite a esas propuestas y proyectos que en hipótesis nos pudieran plantear", agregó.

"El riesgo lo asumen las empresas y son quienes tienen que toman las decisiones", precisó, al tiempo que manifestó que "la empresa no me va a preguntar porque es una decisión empresarial y sabe perfectamente lo que tiene que hacer con su dinero y qué inversiones tiene que abordar y las cuentas que tiene que llevar a cabo".

Sin embargo, Fernández Carriedo sostuvo que "en todo caso, me parecería un error que las centrales térmicas que tenemos hoy funcionando en España se cierren por motivos ideológicos en este momento". "Las que ya están funcionando, lógicamente que se alargue su vida útil", afirmó, y agregó que "esto parece una cosa de sentido común, razonable, parece una cosa que están pidiendo todos los promotores".

Se trata de unas declaraciones que realizó minutos antes de su participación en el Fórum Evolución en el 'Foro Tendencias Empresariales', organizado por Diario de Burgos y el Banco Santander. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico consideró que la Junta entiende que fue "un error" algunas iniciativas que tomó el Gobierno en materia de cierre de instalaciones de producción de energía: las minas, las térmicas o la nuclear.

Asimismo, subrayó que el Gobierno autonómico aboga por las inversiones en energía nuclear, por el alargamiento de los plazos y "lógicamente, en la medida en que los inversores de estas instalaciones tengan proyectos en relación con esta materia, la misión de las administraciones públicas es coger este testigo, analizar estas inversiones y dar trámite a las mismas", apostilló. 

Por tanto, Fernández Carriedo destacó que "esto es muy importante" en cuanto a que "el protagonismo debe corresponder a los promotores" pero matizó que "las administraciones públicas no debemos tener un prejuicio previo desde el punto de vista ideológico" sino que "debe integrar la tecnología y las necesidades". "En este momento son muy importantes del punto de vista energético y no podemos hacer oídos sordos a esa realidad de dificultad de tantas empresas que pasan problemas", agregó.