Efectivos de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos investigaron a dos personas, cuyas iniciales son A.G.G., de 25 años, y I.T.F., de 37 años, como presuntos autores -en distinto grado de participación- de los delitos de falsedad documental ?por manipular las placas de fabricante de dos tractores agrícolas- e intento de soborno a un ingeniero responsable de una estación de inspección técnica de vehículos.

Estas dos personas troquelaron nuevas placas de fabricante y falsificaron documentación para dos tractores agrícolas con el fin de evitar los elevados gastos de la tramitación y poder matricularlos, según indicaron hoy fuentes del instituto armado. 

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil el pasado mes de enero por la propia víctima del intento de soborno, al que le habían entregado un sobre con una cantidad de dinero -que no pudo precisar- pero que se aproximaba a 300 euros, con la intención de que firmara favorablemente la inspección previa matriculación de dos tractores agrícolas importados de Reino Unido.

Ambos vehículos habían sido presentados en más de una ocasión a inspección técnica de vehículos, si bien siempre habían sido rechazados por apreciarse tanto irregularidades mecánicas como administrativas relacionadas con homologaciones reglamentarias respecto a los países de origen y destino. El interesado se presentó en la estación de ITV y, supuestamente, intentó revertir la situación para lo cual ofreció un sobre con dinero al ingeniero responsable, para que firmara los documentos y así pudiera darlos de paso. 

La investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos ha destapado que las placas del fabricante habían sido manipuladas. Esta manipulación consistía en el troquelado incorrecto de éstas, por lo que no coincidían con el original de fábrica ni correspondían con el formato utilizado por el fabricante.

Con estas prácticas y en connivencia pretendían eludir los elevados gastos reglamentarios que lleva consigo la tramitación y homologación en laboratorios establecidos para ello y que suponen un montante económico que incrementa considerablemente los gastos de la importación y legalización de estos vehículos agrícolas.

De las múltiples entrevistas llevadas a cabo e informes oficiales recabados, se desprende la comisión de dos delitos y la participación en ellos de los investigados. Se instruyeron diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos, según informaron hoy fuentes de la Benemérita.