El expolítico berciano Pedro Muñoz ha regresado este jueves a León. Condenado en enero a 16 años y 11 meses de prisión por intentar matar a su segunda exmujer, Raquel Díaz, el pasado 18 de abril Muñoz fue trasladado "por motivos de seguridad" a la prisión asturiana de Villabona, desde donde esta semana ha sido trasladado de nuevo a Mansilla de las Mulas para "acercarlo" al juzgado donde el próximo lunes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en Ponferrada y acompañado de sus dos hijos, Ruth y Pedro Muñoz Botas.

Padre e hijos están acusados de un delito de alzamiento de bienes. Presuntamente, el padre quiso descapitalizarse para intentar eludir el pago de la responsabilidad civil en el caso de que resultase condenado por la salvaje agresión a su exmujer, y sus hijos participaron en esa acción voluntariamente, por lo que a los tres se los investiga como autores del delito de insolvencia punible en la modalidad de alzamiento de bienes.

El lunes 27 de mayo se cumplen justo 4 años de la fatídica tarde de 2020 en que Muñoz tiró desde la terraza de la casa familiar de Toreno a Raquel y después bajó y siguió apaleándola, hasta dejarla parapléjica y con gravísimos daños neurológicos. 

Si este jueves llegaba a León en una línea regular que trasladaba a varios presos en un bus con habitáculos individuales que pasó por Vitoria, Asturias, Pontevedra (donde el condenado durmió el miércoles) y León, hacia las 6:30 de la mañana del lunes, Muñoz será trasladado en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Mansilla a los Juzgados de Ponferrada, donde será juzgado junto a sus hijos a partir de las 9 de la mañana.

En diciembre de 2023, el exconcejal de Ponferrada fue juzgado en la Audiencia Provincial de León por estos hechos y el 10 de enero de 2024 fue condenado a 16 años y 11 meses por lesiones agravadas y varios delitos de maltrato. Además, por la gravedad de las lesiones que le causó, Muñoz deberá pagar a Raquel Díaz más de 1,5 millones de euros.

Todas las partes han recurrido la sentencia, y el TSJCyL abordará los recursos el próximo 18 de junio en Burgos. Tras varios intentos para permanecer en libertad hasta que la sentencia sea firme, Muñoz había ingresado en la prisión leonesa el pasado 25 de febrero.

Cómo se abortaron las donaciones de Muñoz

El 2 de junio de 2020 se acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Pedro Muñoz. Apenas una semana después, el día 11 y desde la cárcel, Muñoz realizó un poder notarial en favor de sus dos hijos, que con ese poder acuden el 16 de junio al notario "de confianza" de Muñoz en Ponferrada (José Pedro Rodríguez) y otorga una escritura de donación de cuatro bienes inmobiliarios de Muñoz a sus dos hijos, a los que reparte una finca rústica, dos viviendas y un garaje.

Todas las propiedades son exclusivas de Muñoz, casado en segundas nupcias con Raquel Díaz el 1 de diciembre de 2018 en régimen de separación de bienes, pero la ley impide deshacerse de la vivienda conyugal sin la autorización de su entonces todavía esposa, y por eso se frustró la operación.

La clave del carácter fraudulento de la donación estaría en que Muñoz se reserva el derecho de uso y habitación de la finca de Toreno, la de Santo Tomás de las Ollas y ese garaje. Es decir, Pedro Muñoz donaba su patrimonio a sus hijos pero se reservaba el derecho a usar esos bienes: transfería la propiedad para que no pudiera ser embargada, pero conservaba para sí el uso de la vivienda, lo que deja entrever un claro indicio de fraude.    

Realizadas las donaciones, es en el Registro de la Propiedad de Ponferrada donde se dan cuenta de que Muñoz, casado, intenta deshacerse del domicilio conyugal sin la autorización de Raquel Díaz, que en esos momentos no hubiera podido firmar nada porque se debatía entre la vida y la muerte.

Es la titular del Registro quien, en virtud del artículo 104 del Reglamento hipotecario, pone en conocimiento de la Fiscalía los hechos "por si se pudiera estar cometiendo un delito", tal y como relató durante su declaración como testigo en la instrucción del caso en el Juzgado número 6 de Ponferrada.

A fecha de hoy, se desconoce el recorrido de la denuncia presentada por la registradora de Ponferrada ante la Fiscalía. El origen del procedimiento que se juzga este lunes en Ponferrada es un auto de 14 de septiembre del 2020 el Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (diligencias previas 254/2020) que acordó como medidas cautelares el embargo preventivo de los inmuebles que se enumeraban en la escritura pública de donación de 16 de junio del 2020, así como deducir testimonio por si los hechos reflejados en esa escritura pública de donación por el investigado a favor de sus hijos pudiera ser constitutivo de un delito. Ese auto tiene su origen en un escrito presentado por la defensa de Raquel Díaz y su hermano (en aquel momento, el abogado Pablo Bello), que el 27 de agosto de 2020 ponía en conocimiento del juez instructor la existencia de la escritura de donación.

Pese a haber denunciado estas presuntas irregularidades, Bello -el primer abogado de Raquel- nunca se personó en el procedimiento 301/2020 del Juzgado de Instrucción número 6.

Ese Juzgado dictó un auto el 23 de septiembre por el que se incoaban diligencias previas y ordenó la declaración de Muñoz y sus hijos como investigados.

El 21 de octubre de 2020 se ordenó también la declaración como investigado del notario José Pedro Rodríguez. Tras su declaración, el 5 de febrero de 2021 se acordó su sobreseimiento. Curiosamente, ese auto de "archivo" no fue recurrido por el Ministerio Fiscal, y la falta de personamiento del letrado de Raquel, Bello, no sólo impidió que interrogara al notario (su falta de personamiento implica que no sea citado a ninguna actuación de instrucción), sino que Bello recurriera el sobreseimiento.

Afortunadamente para la perjudicada por la comisión de estos presuntos delitos, Raquel Díaz, el Ministerio Fiscal sí apreció la existencia de delito en las actuaciones de Muñoz y sus hijos. Al no haberse personado Bello, la defensa de Raquel no pudo presentar escrito de acusación. 

El lunes 27 en la vista oral que se celebra en Ponferrada declararán los tres acusados y varios testigos. Esta vez, los intereses de Raquel Díaz sí estarán velados por su segundo abogado, el gallego Felipe Patiño, en quien Raquel deposita su confianza desde abril de 2023, cuando -una vez que empezó a recuperarse- prefirió no contar más con los servicios de Pablo Bello, de quien Díaz lamentó que no la hubiese visitado nunca ni comunicado cómo avanzaban los procedimientos judiciales en esos casi tres años.

En el juicio del lunes, también se visualizará la declaración del notario que ayudó a Muñoz e hijos a ejecutar la donación de los bienes, José Pedro Rodríguez, que falleció hace unos meses.

Patiño, que por la no presentación de su predecesor tuvo que adherirse a la acusación de la fiscal, esta vez sí podrá modificar las conclusiones definitivas durante el juicio.

Qué es un alzamiento de bienes

En el marco jurídico español se establece el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1.911 del Código Civil, que establece que todo deudor debe hacer frente a sus deudas con sus bienes. La protección de este principio justifica el delito de alzamiento de bienes, que se produce cuando una persona que ha contraído deudas oculta o hace desaparecer parte o todo su patrimonio para frustrar las expectativas del acreedor a cobrar esa deuda.

Esa acción supone colocarse en situación de insolvencia: el deudor disminuye o elimina ciertos bienes para eludir una posible responsabilidad si resulta condenado, y -aunque su acción fue abortada a tiempo- eso es lo que llevó a cabo Pedro Muñoz, que además lo hizo desde la prisión, cuando ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva acusado por la Fiscalía de homicidio en grado de tentativa contra su entonces mujer. Para cometer el presunto delito, Muñoz contó con ayuda en el exterior.

La fiscal pide 2 años y cinco meses de cárcel para los tres

Este lunes 27 de mayo, el expolítico berciano será juzgado junto a sus dos hijos por presuntamente tramar juntos una operación para que el padre se descapitalizara y no tuviera que hacerse cargo de la responsabilidad civil en caso de que fuera condenado (como así ha sido) por el brutal ataque a Díaz.

Ruth y Pedro Muñoz Botas, los dos hijos (del primer matrimonio) a los que el exedil de Ponferrada Pedro Muñoz intentó donar sus bienes en junio de 2020, perdieron hace meses la confianza en el letrado que defendía sus intereses, Pedro Quintana (letrado de Muñoz padre) y eligieron al penalista Arturo González Pascual -del Colegio de Abogados de Madrid- para que los defienda.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal -ejercido por la fiscal Sandra García- considera que los hechos que se imputan a los Muñoz son constitutivos de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes en grado de tentativa, previsto y penado en el art. 257.1.2º, 2 y 4, en relación con el art.250.1.5º y 62, del Código Penal.

Para la fiscal, el responsable del delito en concepto de autor es Pedro Muñoz Fernández, mientras que sus dos hijos, Pedro y Ruth Muñoz Botas son responsables del delito en concepto de cooperadores necesarios (arts. 27 y 28 del Código Penal).

Pide para los tres acusados 2 años y 5 meses de prisión, además de 17 meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros.

"La donación llegó a producirse"

Según se recoge en el relato de hechos del Ministerio Fiscal, la donación llegó a producirse: "Muñoz decidió deshacerse de sus bienes y así, encontrándose ya preso preventivo en el Centro Penitenciario de León, otorgó el día 11 de junio del 2020 escritura de poder general como apoderados solidarios a favor de sus hijos y también acusados Ruth y Pedro, poder que incluía la figura jurídica de la autocontratación así como la existencia de intereses iguales u opuestos".

"El día 16 de junio del 2020, tras el otorgamiento de dicho poder general, los hijos, siendo conocedores y partícipes de la finalidad perseguida por su padre, se prestaron voluntariamente a acudir ante el notario de Ponferrada José Pedro Rodríguez y otorgaron escritura pública de donación por la que en nombre y representación de su padre, este donaba pura, simple y gratuitamente, las siguientes fincas que le pertenecían en pleno dominio y con carácter privativo: la finca Las Huelgas de Toreno (con una hipoteca pendiente de 53.510,23 euros), un terreno rústico en Toreno (libre de cargas y gravámenes), un piso en Santo Tomás de las Ollas, Ayuntamiento de Ponferrada (libre de cargas y gravámenes) y un garaje en el mismo lugar".