Felipe VI consolida su reinado en un año en el que se produjeron varias imágenes de la familia real que les acompañarán de por vida
El juez del Supremo Leopoldo Puente ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, informa EFE.
El juez ha dictado un auto en el que sostiene que lo declarado por Ábalos la semana pasada "no se aviene" con los documentos y declaraciones que obran en el sumario, que contienen indicios de que pudo prevalerse de su condición de ministro de Transportes para, a cambio de determinados beneficios económicos, determinar la adjudicación de contratos para la adquisición de material sanitario a las empresas de Víctor de Aldama durante la pandemia de covid 19.
Según el magistrado, en este momento, "parece indiciariamente justificado" que se benefició del pago del alquiler de la vivienda de su novia en Madrid, del alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz y de un contrato de alquiler con opción de compra de un piso en el paseo de la Castellana de Madrid por un precio "muy inferior" al de mercado.
Por su condición de diputado, Ábalos goza de aforamiento, por lo que el Supremo debe pedir al Congreso que levante su inmunidad y así poder investigarlo, algo que el juez instructor considera "imprescindible" en este momento para poder "avanzar en el camino procesal".
Lo hace tras escuchar las declaraciones del empresario Víctor de Aldama y de Koldo García, asesor del ministro, pero también por lo que se desprende de los documentos que ellos aportaron y del resultado de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios que se llevaron a término en la causa seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El juez expone que De Aldama, aprovechando la relación personal que le unía con Koldo García, "habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L.".
Koldo García, añade, "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización". Y sostiene que José Luis Ábalos Meco "también intervenía" en esas operaciones "personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado".
El pleno del Congreso no decidirá antes de febrero sobre el suplicatorio solicitado este miércoles por el Tribunal Supremo para el exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el 'caso Koldo'.
De acuerdo con el Reglamento de la Cámara baja, la presidenta de esta institución, Francina Armengol, previo acuerdo adoptado por la Mesa lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Esta comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, tras dar audiencia al interesado, en este caso el exministro y ex secretario de Organización del PSOE.
Fuentes parlamentarias han asegurado a EFE que ni por parte de Armengol ni de la Mesa de la cámara habrá retraso alguno para tramitar el suplicatorio de Ábalos, ante el que el PSOE ya anunciado que votará a favor de su concesión.
A la vista de los plazos legales, la previsión es que el pleno del Congreso no decida hasta febrero sobre la petición del Tribunal Supremo.
Felipe VI consolida su reinado en un año en el que se produjeron varias imágenes de la familia real que les acompañarán de por vida
La jubilación sin penalización seguirá siendo posible a los 65 años siempre y cuando se cuenten con 38 años y 3 meses cotizados
Situó a España a la vanguardia de la lucha contra el maltrato machista bajo la premisa de que "la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado"
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal también atribuye a la Fiscalía la instrucción de las causas penales