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La Plataforma de Enseñanza Concertada Afectada por la Carrera profesional (PECAP), integrada por 150 docentes de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, ha denunciado este martes una "doble escala salarial" que les perjudica en relación con sus compañeros profesores de menor antigüedad.
Esta diferencia tiene su origen en el acuerdo firmado en 2021 entre la Consejería de Educación, diversas asociaciones patronales y los sindicatos FSIE, USO y CC.OO, mediante el cual se acordó un complemento de carrera profesional para los docentes funcionarios y para los que, sin serlo, hubieran renunciado pago adicional compensatorio cobrado a partir de los 25 años de antigüedad.
El resultado "es una doble escala salarial entre compañeros con las mismas condiciones, laborales, horarios y trabajo", incluso en un mismo centro educativo, lo cual "provoca una desigualdad", ha explicado uno de los portavoces de PECAP, Roberto Fernández, profesor del colegio Ave María, en Valladolid.
"Es una discriminación por antigüedad: los más antiguos cobramos menos", ha insistido Fernández sobre lo que considera "una injusticia labora que no se da en otros lugares de España y de Europa, un ataque frontal contra los profesores de mayor edad", ha insistido.
No sólo les afecta durante su vida laboral, sino también a partir de la jubilación con la correspondiente merma en las pensiones, ha abundado durante su intervención antes de poner ejemplos numéricos.
Un profesor con una antigüedad de veinte años cobra un 20 por ciento más que el que, como es su caso, lleva treinta y tres años trabajando, ha lamentado.
La diferencia a favor de los primeros es, en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), de 6.731 euros brutos anuales más (480,81 euros al mes añadidos a las catorce pagas habituales); y algo menos en el de Educación Primaria, en concreto de 5.115 euros brutos al año (365,42 euros al mes).
Todo ello motivó la creación en 2023 de una plataforma para iniciar medidas de protestas e iniciativas para tratar de revertir esta situación, todas las cuales no han fructificado pese a las continuas peticiones formuladas ante la Consejería de Educación y los sindicatos que firmaron el convenio, todos menos UGT, ha matizado.
La única resolución favorable, fechada durante ese 2023, fue la de la institución del Procurador del Común, que dio la razón a la plataforma PECAP en su petición de "un mismo trato remuneratorio para todo el personal docente", según el dictamen recibido.
No obstante, ha recalcado Fernández, al tratarse de una resolución "no vinculante", no se ha podido avanzar más, tampoco a través de las preguntas de actualidad que en un pleno de las Cortes de Castilla y León formuló el grupo parlamentario Por Ávila y que la consejera de Educación, Rocío Lucas, contestó a su juicio sin atacar el problema.
Todo ello, unido a las respuestas ambiguas y evasivas de los sindicatos, según otro de los portavoces de PECAP, Regina Gutiérrez, les ha obligado casi dos años después a recurrir a la vía judicial mediante denuncias individuales ya interpuestas por los 150 afectados que integran PECAP en Ávila (37), Burgos (44), Salamanca (1), Segovia (14) y Valladolid (54).
El primero de los juicios se celebrará el 24 de enero en el Juzgado Número 3 de lo Social, en Valladolid, al que seguirá otro el 7 de febrero.
En Castilla y León, según la plataforma, puede haber unos ochocientos afectados por esta situación.
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