Tiene como objetivo principal reforzar la figura del profesional y simplificar la gestión de los ecorregímenes
La Junta de Castilla y León ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante una reunión celebrada esta semana, la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027. Este ajuste tiene como objetivo principal reforzar la figura del agricultor profesional y simplificar la gestión de los ecorregímenes.
El director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, destacó la necesidad de agilizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las condiciones de los ecorregímenes en todas las explotaciones, independientemente de si estas utilizan secano o regadío. Esta información fue proporcionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una nota de prensa.
Asimismo, se solicitó una revisión de ciertas ayudas que, según la Junta, afectan negativamente al modelo agrícola de Castilla y León, así como la mejora de la seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.
La Consejería ha enfatizado que las medidas de protección ambiental deben equilibrarse con los criterios agronómicos, evitando así limitar el potencial productivo de las explotaciones en la región.
Finalmente, se subrayó que todas estas cuestiones, junto con otras relacionadas con las intervenciones de desarrollo rural, deben ser incluidas en un documento que el Ministerio de Agricultura está obligado a presentar a la Comisión Europea para su posible aprobación.
Tiene como objetivo principal reforzar la figura del profesional y simplificar la gestión de los ecorregímenes
En Castilla y León, los autónomos en el sector son el 61% de los cotizantes agrarios, frente al 25% nacional
Los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos como que la explotación esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León
En la Comunidad hay 2.500 explotaciones apícolas y un centenar de ellas se han visto afectadas total o parcialmente