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Tragedia en Extremadura: exigen 226.900 euros por la muerte de su bebé tras una "asistencia tardía"
Alegan que una "demora asistencial" en los servicios de urgencias impidió salvar la vida del menor
Los padres de un bebé prematuro han presentado una reclamación administrativa contra el Servicio Extremeño de Salud (SES), exigiendo una indemnización de 226.900 euros por responsabilidad patrimonial tras el fallecimiento de su hijo. Alegan que una "demora asistencial" en los servicios de urgencias impidió salvar la vida del menor.
Un fallo en el oxígeno y una espera fatal
Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 en Almendralejo (Badajoz), cuando la abuela del bebé, de solo tres meses, llamó al 112 al notar que la máquina de oxígeno que le ayudaba a respirar estaba fallando y que el pequeño mostraba signos de desaturación.
A pesar de la gravedad del caso, el personal de emergencias instó a la familia a trasladarlo por sus propios medios al Hospital Tierra de Barros, en lugar de enviar una UVI móvil con personal especializado. Más tarde, prometieron enviar a la pediatra del centro de salud, pero finalmente solo acudió una ambulancia con dos técnicos y sin oxígeno, una hora después de la primera llamada.
Un traslado tardío y descoordinado
El bebé fue llevado al Hospital Tierra de Barros, un centro sin Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, lo que los denunciantes consideran un "traslado erróneo". Desde allí se solicitó el traslado urgente al Hospital Materno Infantil de Badajoz mediante el helicóptero sanitario del SES.
Sin embargo, una serie de fallos organizativos y de coordinación provocaron que ni la ambulancia ni el helicóptero llegaran en un tiempo adecuado. Finalmente, pasadas las 15.30 horas, los sanitarios cancelaron el traslado aéreo, ya que el bebé había fallecido más de tres horas después de la primera llamada de auxilio.
Reclamación contra el SES
Tras superar el shock inicial, los padres del menor han formalizado una denuncia a través de la asociación 'El Defensor del Paciente'. El abogado Carlos Sardinero García representa el caso y sostiene que la falta de respuesta adecuada fue clave en el desenlace trágico.
Desde la Junta de Extremadura han confirmado que el procedimiento de responsabilidad patrimonial sigue su curso, con las acciones correspondientes a cargo del Servicio Extremeño de Salud.
Escribió que "estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante"
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