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La decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz de abrir diligencias de investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense; al presidente de esta institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, y al jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal, ha desencadenado una previsible reacción política.
Se les investiga por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Administración Pública y la Hacienda Pública,
La decisión de la juez Beatriz Biedma ha sido adoptada a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.
Según Manos Limpias, uno de los cometidos de David Sánchez es ser director de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica Orquesta de Cámara de la Diputación, pero "percibe un sueldo sin ir a trabajar". "En estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón- ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la ha dirigido en más ocasiones", añade el colectivo en alusión a que sólo estuvo al frente en un concierto ofrecido en enero de 2019, recoge EFE.
Asimismo, Manos Limpias expone, atendiendo a una noticia publicada por un medio de comunicación, que David Sánchez "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación, salvo en contadas ocasiones", a pesar, según se añade, que "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".
Sosteniéndose también en otras informaciones periodísticas, Manos Limpias manifiesta que David Sánchez tiene su residencia en Elvas (Portugal) donde, según hacen constar en la denuncia, el empresario Víctor de Aldama, investigado en la presenta trama por la compra de mascarillas (Caso Koldo), tiene sociedades mercantiles. El colectivo denunciante apunta también que David Sánchez tiene un patrimonio valorado en dos millones de euros "para un sueldo que percibe de 55.000 euros".
Tras conocer la petición del juzgado de que le sea remitido el contrato de uno de los investigados, Gallardo ha afirmado que entiende dicha solicitud "dentro de la absoluta normalidad y desde el respeto al Estado de derecho, incluso para quien miente", en alusión al colectivo denunciante.
"Es una mentira y estoy absolutamente tranquilo", ha agregado Gallardo, quien ha manifestado que "la apertura de diligencias previas es un derecho que le ampara al denunciante".
El Gobierno considera que la denuncia es falsa y está construida con "recortes y retazos de tabloides digitales". "Otra vez Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos ante una denuncia falsa", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Tras insistir en que se trata de una denuncia falsa, la portavoz del Gobierno ha llamado la atención sobre la "desconfianza" que genera Manos Limpias ante el hecho de que la juez le haya pedido que primero formalice los trámites procesales y una fianza de 10.000 euros.
En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo socialista del Congreso, Montse Mínguez, ha expresado la tranquilidad que hay en su partido antes los asuntos que afectan a la familia del presidente del Gobierno y ha recordado la procedencia de la denuncia y las "campañas sucias" de las que están siendo objeto.
"Tenemos un Gobierno limpio, un Gobierno que ha demostrado que lo que se tenga que investigar que se investigue; confiamos plenamente en la Justicia, sabemos a qué están jugando determinados medios de comunicación, a la política del barro, la política de enfangarlo todo", ha señalado Mínguez en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara baja al ser preguntada por este asunto, recoge EFE.
La formación política Vox ha solicitado personarse en calidad de acusación popular en el procedimiento de diligencias abiertas.
A través de un procurador, Vox solicita personarse en las citadas diligencias en calidad de acusación popular y, si bien ofrece la oportuna fianza para acometer tal paso, remarca que esta aún no es necesaria.
En su escrito, al que EFE ha tenido acceso, el procurador suplica al juzgado que sea admitido y le insta a que le dé traslado de cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo hasta el momento "al objeto de poder ejercer el derecho de acusación".
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