El reciente Gobierno de coalición en Bélgica, encabezado por el partido nacionalista flamenco N-VA, ha expresado su compromiso de abordar la crónica superpoblación carcelaria del país, considerando la posibilidad de alquilar o construir prisiones en el extranjero. Bart De Wever, formador del Gobierno y líder de la N-VA, ha logrado consolidar una coalición de cinco partidos, conocida como 'Arizona', que incluye liberales, centristas francófonos, cristianodemócratas y socialistas flamencos.

En el marco de este compromiso, se destaca la intención de buscar soluciones creativas para el problema del exceso de reclusos en Bélgica. Según datos de la radiotelevisión pública RTBF, a fecha del 14 de enero de 2025, el país contaba con un récord de 13.400 internos en sus cárceles, frente a 11.020 plazas disponibles.

El compromiso de la coalición menciona: "Intentamos concluir acuerdos, al igual que Dinamarca, con otros Estados de derecho europeos para construir o alquilar prisiones donde los detenidos en estancia ilegal que hayan sido condenados definitivamente por crímenes o delitos puedan cumplir toda o parte de su pena de prisión si el traslado no es posible ni deseable".

Esta iniciativa surge como respuesta a la "enorme presión" que enfrentan las 38 cárceles belgas. Cabe recordar que hace quince años, Bélgica ya había alquilado celdas a Países Bajos, pagando 60.000 euros al año por el alquiler, mientras intentaba mejorar la situación con nuevas instalaciones.

En aquella ocasión, se presupuestaron 300 millones de euros y se llegaron a alquilar 650 plazas carcelarias para presos "voluntarios" en la fase final de sus condenas. Sin embargo, el experimento fue objeto de críticas y el acuerdo finalizó en 2016, dejando sin resolver el problema de fondo.

Las condiciones de las cárceles en Bélgica han sido objeto de críticas recurrentes, con el país siendo condenado en varias ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo. Además, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha denunciado públicamente estas condiciones.

La medida que el nuevo Gobierno explorará se inspira en la decisión adoptada en mayo de 2024 por el Parlamento de Dinamarca, que aprobó el alquiler de 300 plazas en una prisión de Kosovo. Esta operación ha sido considerada también por el Reino Unido y Países Bajos para Estonia. La noticia surge tras la oferta del Gobierno de El Salvador a Donald Trump para acoger a presos internados en Estados Unidos.