El fracaso del Congreso de Creadores de Contenidos, por el que Promueve Burgos pagó 40.000 euros ante la promesa de un gran impacto en el exterior que no fue tal, algo previsible por otro lado, ha puesto sobre la mesa el debate sobre si la Sociedad de Promoción está cumpliendo realmente con su cometido de su creación o si se ha convertido en un elemento más de administración paralela que vino a eliminar. 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel De la Rosa, se ha mostrado hoy sorprendido con que al Consejo Ejecutivo de mañana martes no introduzca en el orden del día este asunto, ni tampoco la anulación y cambios de horarios por parte de Air Nostrum, y tampoco una evaluación sobre el impacto de la campaña de turoperadoras realizada en Barcelona en colaboración con Marsol. 

Sin estos asuntos sobre la mesa, todos ellos relacionados con la promoción de la ciudad, principal cometido de Promueve Burgos, el orden del día se limita a tratar temas como la gestión de edificios municipales como el Fórum Evolución y sus salas, algo que ya hacía en su momento Parkmusa, tal y como ha recordado el edil del PSOE. 

"Lacalle está boicoteando la misión principal de esta Sociedad de Promoción", ha señalado De la Rosa, al que ha acusado de "anquilosar" este órgano, donde, ha insistido, "se discuten cuestiones nimias en lugar de llevar asuntos para que la gente pueda interpretar si tiene efecto", como los tres casos comentados anteriormente. 

Del mismo modo se ha pronunciado el concejal no adscrito, Raúl Salinero, quien también ha hecho referencia al Congreso de Creadores de Contenido, el cual ha calificado de "farsa cara" que no ha tenido el efecto prometido por la empresa organizadora, algo que ya ocurrió, ha recordado, con el Festival de Primavera de Televisión de hace año y medio. 

Salinero ha propuesto que la Sociedad de Promoción no pague lo comprometido hasta que no se demuestre por una empresa externa el impacto del congreso, algo que también ha plantado el portavoz socialista, quien ha recordado que ya el contrato contemplaba que una parte de la financiación comprometida se abonaba una vez estos datos fueran contrastados.