"Nunca me he retrasado en un pago". Así de rotundo se ha mostrado Fernando Cazorla, arrendatario de El Vagón del Castillo y La Ciudadela (El Mirador), quien ha relatado a TRIBUNA BURGOS todo el proceso laberíntico de burocracia que ha tenido que pasar desde que ganara el concurso para la concesión a 25 años de estos dos locales propiedad del Ayuntamiento. Una defensa que pone de manifiesto tras las informaciones dadas a conocer por el concejal no adscrito, Raúl Salinero, sobre sus supuestas deudas a las arcas municipales. 

Pero vayamos por partes. Cazorla obtuvo la concesión de ambos locales hace algo más de dos años. En el caso de El Vagón del Castillo, el contrato implicaba una serie de reformas que el nuevo arrendatario nunca se negó a realizar. Es más, pidió que se retirara la edificación existente sin que el Consistorio cediera para, finalmente, comprársela al antiguo concesionario y poder llevar a cabo la reforma pertinente, inluyendo una ampliación de una terraza por valor de 100.000 euros. 

Sin embargo, el Ayuntamiento aún no le ha concedido la licencia de obra y eso que, insiste, ha pagado incluso las tasas de desescombro. Además, le amenazan con quitarle la concesión si no realiza la ampliación, es decir, la obra para la que aún no le dan permiso.

A pesar de que el 26 de junio de 2016 abrió el local con, a priori, toda la documentación en regla, puesto que su licencia quedaba subrogada al contrato del propietario anterior según marca la ley vigente, unos meses más tarde el Ayuntamiento le comunicaba que ésta no existía. Es decir, que el anterior arrendatario había estado 15 años sin los permisos pertinentes. 

"Además del cabreo que tenía, porque ellos me dieron luz verde a sabiendas de que el anterior propietario no tenía licencia, me pidieron hacer un nuevo proyecto", relata Fernando, quien cumplió con el mandato municipal para que, seguidamente, cuando volviera a solicitar el permiso de apertura, se remitieran a que la obra no estaba en marcha. Hay que recordar que tampoco le conceden licencia de obra. 

Algo similar ocurre con el bar La Ciudadela, más conocido como El Mirador al encontrarse justo en la infraestructura de propiedad municipal. En este caso, el Ayuntamiento le obligó a realizar una obra de 110.000 euros para solucionar un problema con las filtraciones de agua y un plan de accesibilidad que incluyera una plataforma para personas con movilidad reducida, realizando finalmente un ascensor.  

Fernando Cazorla hizo un estudio junto con un arquitecto y un aparejador para poner fin al problema de las filtraciones, llegando a la conclusión de que lo más adecuado era cambiar los baños de sitio. Tras una inversión de 70.000 años, el local no ha vuelto a tener "ni una sola humedad", asegura, por lo que se da el problema por solucionado. O eso pensaba, puesto que a la hora de presentar la documentación pertinente, los técnicos municipales le recuerdan que la inversión debía ser de 110.000 euros. 

"Ahora me dicen que se me acaba en noviembre el plazo para realizar esta intervención, pero el problema está solucionado. ¿Qué quieren, que me ponga a picar arriba cuando ya no tengo humedades?", se pregunta este propietario que pide que se comiencen a hacer las cosas "con sentido". 

Y es que al local de La Ciudadela Cazorla ya le ha invertido unos 400.000 euros en reforma. Unas mejoras que, recuerda, "se van a quedar ahí porque no me los puedo llevar", ya que entre los muchos retoques realizados está el cambio del cuadro eléctrico, que debía haber tenido que arreglar el Ayuntamiento, para que la Junta le diera permiso. 

Además, en el caso de este local, Fernando también se subrogó a la licencia anterior. Un permiso que, como sucede en El Vagón, tampoco tenía el anterior arrendatario. Esto implica que, según reconoce, "me pueden cerrar mañana mismo porque no tengo ningún papel que diga que puedo abrir", si bien matiza, "tampoco tengo uno que diga que no puedo". 

No obstante, Cazorla reitera una y otra vez que no le debe ni un solo euro al Ayuntamiento, puesto que ha pagado religiosamente los alquieleres (503 y 504 euros), incluso en los meses en los que el Vagón no abre, es decir, de abril a octubre. Por eso, no entiende las declaraciones de Salinero y señala que "la guerra de los políticos la estamos pagando los demás". 

Fernando Cazorla es el principal interesado en resolver el galimatías que se ha ido generando en las diferentes áreas municipales, aunque confiesa que "a veces dan ganas de dejarlo". Por eso, pide que los técnicos "dejen de marear la perdiz y pongan las cartas sobre la mesa" para poder solucionar el problema.